Más de una década después de la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y nueve años después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en el Teatro Colón, la restitución continúa siendo uno de los procesos más decisivos para la construcción de paz en Colombia.
El profesor Jaime Rendon, director del CEIR - Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, analiza cómo ha evolucionado este mecanismo, cuáles han sido sus principales logros y los retos que persisten en el proceso de implementación del punto 1 del Acuerdo.
A su vez, Esperanza Hernández Delgado, doctora en Paz, Conflicto y Democracia y coordinadora del Laboratorio de Paz de la Universidad de La Salle, aporta una mirada complementaria sobre los avances, tensiones y desafíos que siguen marcando la construcción de paz territorial en Colombia.
La restitución antes y después del Acuerdo
El documento firmado en 2016 dejó establecidas metas muy ambiciosas para la transformación de la estructura agraria del país y, como asegura el profesor Rendón, esto —sumado a que el gobierno anterior prácticamente frenó la implementación de los acuerdos— explica en parte que las cifras actuales disten de lo pactado.
Según el informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, los avances en el Punto 1 siguen lejos de las metas pactadas: a febrero de 2025 solo se ha adjudicado el 6 % de los 3 millones de hectáreas previstas, mientras que en materia de formalización se ha logrado el 45,9 % de la meta de 7 millones de hectáreas.
Sobre esto, la profesora Hernández explica que "el posacuerdo puede durar el mismo tiempo que el conflicto armado y en Colombia no hemos llegado ni siquiera a los 10 años, entonces la firma del acuerdo no garantiza automáticamente los resultados, no vamos a ver algo tangible tan rápido, pero eso no significa que podamos hablar de un proceso de paz fracasado, dado que solo 9 años solo representa una transición temprana”.
Tomar la tierra y disfrazarla como venta “legal”
Esta lentitud en los cambios estructurales del Acuerdo se refleja especialmente en la implementación de la restitución y adjudicación de tierras, un proceso aún muy complejo por la forma en que está organizado el Estado.
Rendón afirma que “los procesos son tan lentos que muchas reclamaciones terminan perdiéndose en el olvido, lo que hace indispensable fortalecer los mecanismos jurídicos que permitan avanzar, evidenciando la necesidad de otras instancias, como la jurisdicción agraria y rural”.
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Además, Rendón advierte que la adjudicación y readjudicación de tierras sigue avanzando lentamente también por las dificultades para demostrar despojos que fueron presentados como ventas “legales”:
“Si a alguien le quitaron la tierra de manera “legal”, entre comillas; es decir, lo llevaron a una notaría mientras le tenían a la familia retenida, demostrar que esa es una venta ficticia no es fácil. Uno de los elementos fundamentales para poder acelerar eso es la Jurisdicción Agraria y Rural”.
Se repite la historia
A la lentitud institucional y al paso del tiempo se suma un factor aún más grave: la persistencia de la violencia en los territorios donde se adelantan procesos de restitución. Rendón explica que estos conflictos no son nuevos, sino que responden a las dinámicas históricas ligadas al control armado:
“Son los coletazos que uno tiene que ver por recuperación de tierras, por la disputa en territorios que se convierten en zonas de producción de hoja de coca, o corredores de tráfico de armas (...) Si yo tengo una tierra que adquirí de cualquier forma, pero ya está en mis manos, y me la van a quitar para restituirla a la víctima, pues a algunas personas no les va a gustar. Y esas personas vuelven y se arman, forman un grupo paramilitar, matan dos o tres líderes reclamantes de tierra y se repite la historia”, explica.
Entre la incertidumbre y el desgaste social
Rendón enfatiza la importancia de que las familias que ya cuentan con la posesión de los predios tengan titulación formal, ya que sin esto no pueden acceder a créditos ni utilizar la tierra como garantía para financiar su producción o capital de trabajo. Esto genera incertidumbre, pues existe el temor de que, si finalmente no se les otorgan los títulos, puedan perder el terreno, verse obligadas a abandonarlo y perder así toda la inversión y el trabajo realizado.
A las demoras se le suma una realidad que agrava la fragilidad del proceso: el paso del tiempo juega en contra de los propios reclamantes. Muchos de quienes iniciaron el trámite de restitución hace más de una década han envejecido, enfermado o fallecido sin ver resuelta su solicitud. Esto dilata los procesos judiciales y erosiona la memoria probatoria y la capacidad organizativa de las comunidades.
Este desgaste social también se conecta con un vacío señalado por la profesora Esperanza Hernández, que asegura que Colombia no desarrolló una estrategia sólida de educación para la paz para comprender la transición al posacuerdo:
“Hizo mucha falta una intensificación en educación para la paz para preparar el ambiente social y político y contrarrestar los efectos, porque si la etapa de la reincorporación era exitosa y la implementación integral hubiera marchado bien, seguramente hoy tendríamos un resultado muy distinto y se habría allanado el paso frente a la violencia que hoy se registra en el país”.
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Sin un trabajo sostenido en educación para la paz, las transformaciones del Acuerdo continúan operando sobre un terreno social frágil. Reforzar este pilar es clave para convertir los avances en resultados sostenibles.
“No hay camino hacia la paz, la paz es el camino”: Mahatma Gandhi.
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