La formación y el control en el transporte público: ¿Una garantía para la seguridad vial en Colombia?

En el contexto actual se hace necesario revisar con detenimiento la preparación, el control y la responsabilidad de quienes operan vehículos vinculados a empresas prestadoras de servicios públicos. La vida de miles de ciudadanos depende, en gran medida, del criterio, la formación y el estado físico-mecánico de los vehículos que recorren a diario las vías urbanas e intermunicipales. Este artículo, con la guía del Dr Edder Velandia Durán, docente del programa de Ingeniería Civil de La Universida de La  Salle,busca analizar el panorama normativo, formativo y operativo de los conductores de transporte público, y reflexionar sobre los mecanismos de prevención de siniestros viales en el país.

Formación: entre lo mínimo exigido y la realidad de las vías

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, todo conductor de transporte público debe poseer una licencia categoría C2 o C3, que lo faculta para manejar desde camiones rígidos hasta buses articulados. Esta licencia se obtiene tras cumplir requisitos como condiciones físicas adecuadas, formación teórica-práctica en educación vial, y aprobación en academias certificadas.

Sin embargo, como bien señala el Dr. Edder, contar con una licencia vigente es apenas un requisito mínimo. Los retos reales en las vías del país, como carreteras en mal estado, imprevisibilidad climática, fallas en infraestructura, imprudencias de otros actores viales exigen de los conductores una preparación constante, integral y contextualizada. Algunas empresas de servicios públicos y fabricantes de vehículos ofrecen capacitaciones técnicas complementarias, pero su cobertura y rigurosidad varían ampliamente.

El verdadero desafío radica en que cada conductor asuma con plena conciencia su rol como garante de la vida humana durante sus recorridos. La formación, aunque técnicamente aprobada, no siempre prepara para las condiciones adversas que se enfrentan en la práctica diaria.

Normativa y control: entre la ley y su cumplimiento

Colombia sí cuenta con una normativa clara y obligatoria para la capacitación y evaluación de los conductores. No obstante, tres factores afectan seriamente su eficacia:

• Irresponsabilidad individual, como operar sin licencia actualizada o con restricciones físicas no reportadas.
• Falta de control por parte de las empresas, que omiten hacer seguimiento a sus conductores.
• Posibles casos de corrupción en el sistema, con tramitadores ilegales que validan documentos de personas no aptas.

Frente a esto, corresponde a la autoridad nacional y territorial supervisar y controlar de manera rigurosa tanto a las empresas como a los propios centros de certificación. El Dr. Velandia insiste en que el monitoreo constante de estos procesos es vital para garantizar la idoneidad de los nuevos conductores, quienes deben renovar no solo su licencia, sino también su compromiso con la seguridad vial. Se suma a esta recomendación, el cumplimiento de los PESV (Planes estratégicos de seguridad vial) donde las empresas de transporte consideren el desarrollo permanente de cursos adicionales para formación de personal en temas como primeros auxilios, manejo defensivo y conducción preventiva, y actualización permanente.  

Control mecánico y técnico: ¿Qué tan confiables son los vehículos?

Respecto a los vehículos operados por empresas de servicios públicos, la normatividad colombiana exige mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. Las herramientas del RUNT permiten verificar vida útil, revisiones técnicas y emisiones. Sin embargo, la efectividad del sistema depende del cumplimiento estricto de los mantenimientos preventivos y correctivos, algo que no todas las empresas aseguran.

Además, existen prácticas adicionales en algunas compañías que han decidido integrar la seguridad como parte de su política de calidad, involucrando a conductores, mecánicos y administrativos en un mismo propósito preventivo. Cada conductor también tiene la obligación diaria de verificar el estado del vehículo antes de su uso, especialmente en rutas intermunicipales, donde las terminales también cumplen una función de control.

Rol del Estado: controles e insuficiencias

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte ejercen controles administrativos y operativos. También existen inspecciones en vía por parte de la Policía de Tránsito y puntuales por los Centros de Diagnóstico Automotor. Pero como bien lo indica el Dr. Velandia, los controles institucionales son insuficientes para controlar totalmente los malos comportamientos de algunas empresas o propietarios que actúan fuera de la legalidad. En este punto, la ciudadanía debe actuar como veedora, denunciando irregularidades que puedan comprometer su vida.

Responsabilidad compartida ante un accidente

Cuando ocurre un siniestro vial, determinar la responsabilidad entre conductor, empresa y Estado es complejo. Se deben tener en cuenta las condiciones del vehículo, el comportamiento del conductor, la gestión de la empresa, el estado de la vía, entre otros factores. En cualquier caso, todas las partes están llamadas a prevenir y no a reaccionar. Desde las aseguradoras, los mecánicos, hasta los usuarios, todos tienen un papel que cumplir.

El Dr.Velandia concluye que el respeto a la Ley y a la vida debe ser el eje del transporte público en Colombia. Se necesitan acciones correctivas verdaderas que no solo asignen culpables, sino que también transformen prácticas y culturas en torno a la movilidad segura.

La formación de los conductores del servicio público en Colombia cumple, en muchos casos, con los requerimientos legales, pero la realidad en las vías demanda mucho más que lo mínimo normativo. Es necesario fortalecer los procesos de recertificación, los controles técnicos y la vigilancia estatal. Pero, ante todo, es urgente formar una conciencia colectiva de corresponsabilidad, donde cada actor vial entienda que el servicio de transporte no se trata solo de movilizar personas en áreas urbanas y carreteras, sino de preservar vidas de los usuarios y otros actores viales.